Salud en Casa.- La pretensión de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) –Rímac, Pacífico, Sanitas Perú, Mapfre Perú y La Positiva– para dejar sin efecto el artículo 7.2 del Reglamento de la Ley Nacional de Cáncer, que dispone que todas las pólizas oncológicas incluyan tratamientos reconocidos en las guías de prácticas clínicas internacionales, sin perjuicio de la condición del estudio clínico, colisiona contra el derecho a la vida y a la salud consagrados en los artículos 2 y 7 de la Constitución Política del Perú, advirtió la asociación Por un Perú Sin Cáncer.
“La Ley Nacional del Cáncer y su reglamento representan un gran avance respecto al derecho a la vida y a la salud que tienen todos los peruanos, pues permite el acceso de los pacientes oncológicos a terapias innovadoras aprobadas por la FDA, EMA y otras agencias regulatorias en el mundo, además de estar incluidas en las Guías de Práctica Clínicas y con evidencia de uso en favor del paciente”, precisa Gianina Orellana, directora de Por Un Perú Sin Cáncer, añadiendo: “No podemos precarizar el derecho a la vida y a la salud de los pacientes oncológicos, por lo que instamos a las autoridades judiciales a cargo del proceso a hacer valer la vigencia de la Ley Nacional del Cáncer en su plenitud”.
En ese sentido, Por un Perú Sin Cáncer estimó que si esta demanda de las aseguradoras fuera aprobada, se dejaría a 4 millones de peruanos sin la cobertura de medicamentos innovadores en caso sea requerida, y abriría la puerta para que otras compañías de seguros también restrinjan el acceso a estos tratamientos.
Mesa de diálogo
Para la asociación Por un Perú Sin Cáncer, no puede desconocerse el importante aporte de las aseguradoras en el suministro de tratamientos a pacientes oncológicos, sobre todo en un país como el Perú, en el cual el sector público no se da abasto para brindar la cobertura gratuita y de primer nivel a la que todos los ciudadanos tienen derecho según la Ley Nacional del Cáncer.
Por ello, la asociación invoca a las aseguradoras y a las autoridades a activar una mesa de diálogo que permita encontrar soluciones que hagan viables los tratamientos adecuadamente financiados para que las EPS puedan otorgarlos sin problemas.