Por : Milagros Berríos.
Diario La República.-Letra muerta. Las normas que obligan a la Policía a actuar de manera inmediata ante las denuncias por desaparición de niños, y que disponen su difusión hasta en los medios de comunicación, no se cumplen en todo el país. Así lo denuncian decenas de padres de menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quienes cansados de la discriminación en las calles, el transporte público y la escuela, exigen la urgente intervención del Gobierno para implementar y aplicar leyes que protejan a esta población vulnerable.
La gravedad de este incumplimiento se hizo evidente con la desaparición de Kevin, un niño de 10 años con autismo, cuyo cuerpo fue hallado en el mar de La Costanera 5 días después de interpuesta la denuncia. “Ahora nadie se comunica con nosotros. Nadie nos dice: ‘Estamos investigando’. Eso me molesta, me incomoda”, comenta el hermano de Kevin, Alexander Moreno, de 23 años, quien aún demanda el apoyo de la Policía, el Ministerio del Interior y el presidente Martín Vizcarra para esclarecer el hecho, y que ya no se repita un caso similar.
El pequeño Kevin desapareció el 28 de diciembre al salir de su casa en San Martín de Porres y tomar un bus, donde ni los pasajeros, la cobradora o el chofer lo ayudaron a volver. Tampoco lo hicieron las personas con las que se cruzó hasta llegar al mar de San Miguel. A esto se suma la falta de coordinación entre las comisarías que vieron el caso –San Miguel, Magdalena y Pro–, lo cual es investigado por la Inspectoría de la Policía. “Un agente nos pedía para la movilidad”, dice Janeth Moreno, 19 años, hermana de Kevin. “La ropa de él fue llevada a la comisaría el mismo día de su desaparición, pero nadie nos avisó”.
Urgen políticas
Para la asociación civil sin fines de lucro Soy autista y qué! y la Comunidad Latinoamericana de Espectro Autismo (Clea) Perú, el Estado no ha cumplido con importantes medidas para la búsqueda de menores como la Ley Brunito Ley N°29685 –aprobada el 2011 y reglamentada recién en julio del 2018–, ni la Alerta Amber.
La primera establece que cuando un niño, adolescente, persona con discapacidad o adulto mayor desaparece, la Policía debe iniciar a la brevedad las acciones necesarias para su búsqueda y localización, sin que haya transcurrido las 24 horas. Esta norma debe ser complementada con la Alerta Amber, la cual dispone la difusión del hecho en los medios de comunicación, empresas privadas, entre otros.
“La Policía debió difundir esta información, pero no cumplió. Nosotros tuvimos que tocar la puerta a la prensa y nadie nos abrió”, indicó ayer Alexander Moreno, durante una marcha de la ONG Clea Perú en la Plaza San Martín.
En esta última, la presidenta de dicha institución, Noelia Suárez, demandó que se elaboren alertas más eficientes para la población con autismo. “Hubo discriminación por ser un niño con esta condición y porque su familia era humilde”, sostuvo Suárez, quien también denunció la falta de inclusión en las escuelas.
Por su parte, Milagro Huamán, de Soy autista y qué! demandó la aprobación del Plan Nacional para las Personas con TEA, el cual –según señala– debió darse hace 3 años. “En el caso de Kevin hubiera ayudado a que la gente sepa qué es el autismo, a que puedan identificar a una persona con esta condición. A los niños se les permitiría llevar terapias más accesibles o incluirlos en un colegio con profesores capacitados”, indica. Esto estaba en manos del Conadis, y de ministerios como la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Inclusión Social, Educación.
Según la ONG, en un mes se reportan 2 o 3 desapariciones. La mayoría es hallada por la misma familia.